La Contraloría General de la República concluyó una Actuación Especial sobre el manejo de los recursos del llamado Cargo por Confiabilidad, estableciendo un presunto detrimento patrimonial de $53.700 millones.

Este valor equivale a los subsidios que concedió la Nación a los usuarios del servicio de energía eléctrica por asumir las pérdidas de los generadores térmicos a través de un aumento tarifario que, para la CGR, incumplió el régimen en esta materia.

El Contralor General, Edgardo Maya Villazón, sintetizó así este hallazgo:

- Primero: El incremento tarifario para aliviar las pérdidas de los generadores térmicos que operan con combustibles líquidos, costó $476.539 millones, lo cual se constituyó en un traslado efectivo de las pérdidas económicas de las empresas a los usuarios.

- Segundo: La imprevisión que llevó a la necesidad de adelantar este ajuste de tarifas, permite identificar un daño patrimonial de $53.700 millones que corresponden a la parte cubierta con subsidios, que son recursos del Presupuesto General de la Nación.

El Cargo por Confiabilidad comenzó a operar el 1º de diciembre del 2006 y en casi 10 años de aplicación llegan a más de $18,5 billones los recursos entregados a los generadores privados y públicos, relacionados con las Obligaciones de Energía en Firme (OEF).

“Otra conclusión fundamental de esta Actuación de la Contraloría es que el Precio de Escasez, elemento fundamental del esquema del Cargo por Confiabilidad, sí requiere ajustes, y estos cambios, no pueden consistir simplemente en aumentarlo para adecuarlo a las necesidades de los agentes menos eficientes”, subrayó  Maya Villazón.

Adicionalmente indicó que el Precio de Escasez puede estar generando incentivos a las hidroeléctricas para que disminuyan sus niveles de embalse para obtener mayores beneficios en tiempos de escasez, arriesgando la generación futura por mayores ingresos en el presente.

La Contraloría considera que el PE es un buen indicador de escasez, pero no cumple con parte de su filosofía al no cubrir los costos de la térmica más costosa; está indexado al Fuel Oil #6 y el precio de este combustible ha disminuido en mayor proporción que el de los otros usados para generación térmica. Adicionalmente este combustible no es usado globalmente por su comprobado daño ambiental; esto evidencia rezagos en la regulación para ajustar el marco normativo a las condiciones cambiantes del mercado.

La gestión frente a la crisis energética fue deficiente

La Actuación de la Contraloría incluyó un análisis sobre la reciente crisis energética, según el cual el Ministerio de Minas y Energía fue ineficaz para afrontar la situación y faltó diligencia y coordinación entre las diferentes instituciones.  Además, las medidas propuestas fueron tardías y la mayoría de ellas se plantearon en medio de la crisis.

Las dificultades en el suministro de gas para el sector térmico, a la vez que la entrega física de este energético por parte de Venezuela, que no se dio y el despacho de energía de Ecuador que no fue siempre constante, obligaron al final de la crisis a que la carga de cuidar el agua y evitar un desabastecimiento de energía estuviera sobre la población colombiana.

Para el organismo de control, no es aceptable que se señalara al Fenómeno de El Niño, como justificación de la crisis energética:

“El comportamiento de la hidrología sigue siendo un factor determinante en el abastecimiento. Sin embargo la crisis comenzó en los generadores térmicos y llegó a su máximo con la falla en la cadena de Guatapé y con Termoflores 4; todo obedeció a factores distintos a la hidrología”.

Indebido uso de recursos del Cargo por  Confiabilidad

Para esta Actuación Especial, la CGR analizó 6 empresas que recibieron $8,7 billones del Cargo por Confiabilidad; con miras a establecer cómo administraron estos recursos.

Se estableció en las empresas analizadas que los recursos son suficientes para financiar las inversiones y el mantenimiento de los activos de generación.

Sin embargo, pese a que la Resolución  071 de 2006 indica que el Cargo se transfiere para mantener disponibles las plantas para cubrir las Obligaciones de Energía en Firme, las empresas lo incorporan como otro ingreso operacional en sus estados de resultados y termina cubriendo de manera general todos los costos y gastos, tales como gastos administrativos, intereses bancarios e impuestos; sin que se destine exclusivamente a la inversión y mantenimiento de las plantas comprometidas dentro del esquema.

“Las empresas no sólo no le están dando el uso indicado por el regulador, sino que pueden incurrir en riesgos de iliquidez para la época en que se hacen exigibles las Obligaciones de Energía en Firme (OEF), convirtiéndolo en un riesgo para el sistema”, señaló el Contralor Edgardo Maya Villazón.

Este hecho tiene una mayor probabilidad de materializarse en el caso de las empresas térmicas, que tienen una alta dependencia de los recursos del Cargo para su operación, añadió.

El Contralor General consideró necesario que haya claridad sobre el  uso del recurso, que debe entrar directamente a financiar las actividades de inversión y mantenimiento sin que haga parte del total de capital que costea las actividades de la empresa año a año.

Para el jefe del organismo de control,  la regulación no es clara al establecer el seguimiento y quién debe realizarlo. “La CGR tiene claro que estos recursos se derivan de la tarifa y que no se pueden definir como recursos públicos, excepto el componente de subsidios; sin embargo estos son aportados por los usuarios y deben ser destinados únicamente para el objetivo establecido en la regulación”, enfatizó.

Incumplimientos de Obligaciones de Energía en Firme (OEF)

Como resultado de esta Actuación Especial sobre el manejo de los recursos del Cargo por Confiabilidad, la CGR llamó también la atención por el incumplimiento de las Obligaciones de Energía en Firme (OEF)

Algunos generadores incumplieron con la producción de la energía de seguridad comprometida, y la energía faltante debió producirse por terceros.  Estos  terceros generadores gastan más rápido sus recursos disponibles (agua o combustible), lo cual aumenta el riesgo de no contar con energía para cumplir sus propias obligaciones al final de la temporada seca.

Todo esto, aumenta el riesgo de desabastecimiento para el mercado en su conjunto.

Los incumplimientos puntuales de los agentes comprometidos, las acciones correctivas y las intervenciones  o sanciones de la Superintendencia de Servicios Públicos,  serán objetivo de una nueva Actuación por parte de la Contraloría General de la República, en la cual se verán casos puntuales de agentes generadores que incumplieron sus obligaciones de energía con el país y su comportamiento corporativo asociado con recursos de interés público.

Hallazgos en la CREG y XM S.A.

La CGR estableció hallazgos por deficiencias en la gestión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG y la compañía XM S.A., que opera el sistema interconectado nacional.

Se encontró que el parámetro de energía contratada para cubrir mantenimientos nunca ha sido verificado, no obstante que es exigido por la CREG y se contaba con la metodología para hacerlo; se presentaron casos de generadoras que salieron de operación por mantenimiento.

Otro aspecto destacado es que se dejaron de auditar parámetros operativos de los generadores, con un faltante de 180 verificaciones, entre 491 revisiones que debieron hacerse.

El Cargo por Confiabilidad se comenzó a pagar en diciembre de 2006, pero las verificaciones se realizaron en su mayoría entre agosto de 2007 y enero de 2008; 6  parámetros de 22, no fueron  auditados  sino  hasta  junio de  2010, esto a pesar de que se contaba con los procedimientos para realizarlo y que se hacían pagos efectivos de dinero con el concepto de cargo por confiabilidad.

Efectos de la intervención a Termocandelaria

La Contraloría analizó también los efectos de la intervención de Termocandelaria por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.

La toma de posesión de Termocandelaria llevó a la suspensión de todos los pagos de obligaciones causadas, incluyendo las OEF asignadas antes de la intervención.

Además, se le otorgó un préstamo de $146.000 millones, recursos del Fondo Empresarial de la Superservicios.

Para la Contraloría, en este caso se ha generado un pasivo económico con el mercado de energía, que produce un riesgo de pérdidas para el mismo y para los generadores que sí brindaron confiabilidad; esto en caso de que Termocandelaria no pague sus cuentas (que ascienden a $458.000 millones).

Sin embargo el tema es de fondo, existió un incumplimiento de las obligaciones de energía y esta era fundamental dentro de las necesidades de abastecimiento eléctrico  del país en un momento de crisis.

Finalmente, es importante destacar que en la estructura empresarial de Termocandelaria, la generación física de energía está dada por una renta de los activos “Leasing”.

La CGR anunció que en una actuación especial específica para estos casos, auditará si los modelos empresariales empleados corresponden a buenas prácticas corporativas, donde los recursos de cargo por confiabilidad se destinen al interés público; ya que se evidenció que estas operaciones son realizadas con vehículos de negocios costa afuera “Offshore”.

Adicional a esto, se destaca la alta importancia de Termocandelaria en el sector como socio del grupo que hoy ejecuta el proyecto de la planta de Regasificación en el Caribe y que también será sujeto de un cargo para remunerarla.